Madrid no quiere el cierre de Almaraz y Ayuso defiende criterios técnicos frente a ideológicos
Martes, 25/02/2025
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reclamó ayer en Extremadura la ampliación de la vida útil de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), una infraestructura que ha calificado como “esencial para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional y el desarrollo económico regional”, cuyo cierre está programado a partir de 2027.
“No podemos permitir que el Gobierno apague el futuro de España”, ha enfatizado, abogando por criterios técnicos y de seguridad de las plantas y no de carácter ideológico.
Garantía de suministro y desarrollo económico, en riesgo
La presidenta de la Comunidad de Madrid mantuvo en Mérida (Badajoz) un encuentro institucional con la presidenta de la Junta extremeña, María Guardiola, en el que ambas han firmado una declaración institucional para solicitar esta medida. La presidenta ha destacado que la clausura de Almaraz pone en riesgo la garantía de suministro y el desarrollo económico en CCAA como la madrileña, perjudicando gravemente la competitividad de su tejido empresarial, teniendo en cuenta que el 15% de la energía que se consume en la región proviene de esta instalación cacereña.
Criterios técnicos frente a ideología
“Exigimos una política energética apegada a la realidad, sin ideología, con rigor científico y rigor, que esté a la altura de los tiempos, cuide verdaderamente del medio ambiente, la industria, el empleo y la autonomía energética de España”, ha subrayado la presidenta, que ha pedido al Gobierno que “no ponga a las empresas energéticas en el disparadero para luego usarlas de coartada”.
Energía "verde" desde 2022
La nuclear, ha constatado la jefa del Ejecutivo autonómico, fue declarada (aunque con mucha polémica) como energía verde por la Unión Europea en 2022. La tecnología evita la emisión de alrededor de 30 millones de toneladas de CO₂ al año, contribuyendo a los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y a la estabilidad del suministro energético.
Díaz Ayuso también se ha referido a recientes estudios que calculan que su fin en España provocaría un aumento del 23% en la factura de la luz para hogares y pequeñas empresas, con pérdidas inasumibles para quienes generan empleo y riqueza. Y un cierre prematuro de las centrales supondría un perjuicio de cerca de 30.000 puestos de trabajo y un encarecimiento de la factura eléctrica de 22.500 millones de euros.
La presidenta también ha lamentado el incremento de la carga fiscal un 70% en los últimos cinco años a estas empresas “para desincentivarlas” y que no se invierta, lo que a su juicio va “en contra de la industria, el empleo, las familias y la digitalización”.
Imagen: Comunidad de Madrid
Por INFOENERGÉTICA
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