Movimientos de rechazo

​

Si atendemos a las propuestas que hacen UNEF y AEE para la actualización del PNIEC (75 GW de solar y 63 GW de eólica) sería necesario casi triplicar estas cifras. Todo apunta a que estos objetivos se cumplirán: se estima que hay 60 GW que avanzan en su tramitación.

 

Resumiendo, debemos esperar que la potencia instalada siga creciendo a buen ritmo en los próximos años y con ella los efectos sociales y territoriales de las instalaciones, que son caldo de cultivo de movimientos de rechazo en distintos lugares de la geografía española. Estos movimientos, aunque no son mayoritarios, sí son cada vez más visibles y continuarán siéndolo a medida que el desarrollo renovable continúe.

Debemos entender que la transición no se puede hacer de cualquier forma. Es importante ser ambiciosos no solo en grandes objetivos sino también en cómo vamos a llevar a cabo ese despliegue. La población exige a los desarrolladores que realicen escucha activa, que sean transparentes y que creen valor compartido. El desarrollo renovable no es novedoso en ese sentido, pues lo que todo ciudadano quiere es un “buen vecino”: alguien con quien puedas hablar, que esté presente en la localidad, que se implique en ella y que genere un retorno acorde con lo que el territorio le da.

 

Muchas empresas son conscientes de ello, y aplican programas de impacto social positivo a todos sus proyectos. En beBartlet asesoramos a varias de ellas y las acompañamos en todo el proceso, incidiendo en la importancia de analizar el contexto y aproximarse al entorno local antes de implementar acciones. La experiencia nos ha demostrado que contar con estos programas puede constituir la diferencia entre el éxito de los proyectos y una crisis reputacional que afecte a los recursos de la empresa y pueda acabar incluso en los tribunales.

 

Además de las empresas, la integración de las renovables en el territorio preocupa y ocupa también a otros actores. Ecodes, la Red Española de Desarrollo Sostenible y el Observatorio para la Transición Justa han publicado guías e informes para dar visibilidad a casos de éxito que permitan altos estándares sociales y medioambientales. En beBartlet contamos con nuestro propio banco de mejores prácticas que se nutre de estas y otras referencias y de la experiencia acumulada.

 

Para completar la ecuación, el sector público está intensificando su respuesta desde la política a la integración social de las renovables incentivando los proyectos que dejan un mayor impacto positivo. Hace unos días, el gobierno gallego presentó un anteproyecto que incluye la participación de la Xunta en los proyectos que demuestren beneficios sociales y económicos. En la Comunitat Valenciana se trabajó para que instalaciones excelentes ambientales, sociales y en la relación con la comunidad accediesen a una vía de tramitación acelerada. En el País Vasco, el EVE impulsa proyectos con coinversión local en los que los vecinos pueden participar en la financiación a cambio de un retorno económico.

 

La campaña electoral está sirviendo para poner encima de la mesa nuevas propuestas. En la Comunitat Valenciana, el PSPV ha propuesto otorgar beneficios directos a los ciudadanos de municipios con alta producción renovable, una medida similar a la que lleva el PP de Aragón en su programa.

 

De lo que no cabe ninguna duda es que la conciencia sobre el necesario impacto positivo de los proyectos es cada vez mayor. La ambición de los objetivos exige también la mayor ambición en la búsqueda de la licencia social. Aunque el conflicto y la diferencia de opiniones sean inherentes a cualquier sociedad democrática, también lo es la capacidad para buscar acuerdos.

 

Con los impactos de la crisis climática afectando de forma evidente la calidad de vida en las ciudades, la sequía, la agricultura y tantas otras, no tenemos tiempo para hacer las cosas mal. Debemos acelerar en el despliegue renovable al tiempo que innovamos en la búsqueda de su contrato social.

​

Artículo redactado por Alejandro Labanda y Andrés Morales, de beBartlet, para INFOENERGÉTICA